Cuestionan la capacidad de gobierno ante la inseguridad en Sinaloa

En un contexto marcado por la persistente violencia y la incertidumbre social, la analista Yessica De Lamadrid ha puesto sobre la mesa un debate necesario sobre la administración pública en Sinaloa. La reflexión se centra en la gestión del gobernador Rubén Rocha Moya, planteando una distinción fundamental entre el ejercicio del poder político y la capacidad efectiva para garantizar la gobernabilidad en el estado. Este cuestionamiento surge tras meses de tensiones que han impactado la vida cotidiana de las familias sinaloenses y la operatividad de diversos sectores económicos.

Para De Lamadrid, la diferencia entre mandar y gobernar radica en la capacidad de las instituciones para imponer el orden legal frente a otros grupos que intentan usurpar funciones de seguridad. Mientras el mando suele asociarse con la autoridad jerárquica, el concepto de gobernar implica la gestión eficiente de los recursos y la protección de los ciudadanos bajo un marco de derecho. La falta de claridad sobre quién ejerce el control real en ciertas zonas de Sinaloa ha generado preocupaciones profundas entre la sociedad civil y los organismos empresariales locales.

La administración estatal ha sostenido que se mantiene una estrecha coordinación con las fuerzas federales, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para recuperar los espacios públicos. No obstante, los críticos señalan que la presencia de operativos no se ha traducido en una disminución tangible de la percepción de inseguridad. Esta brecha entre la estrategia oficial y la realidad vivida por los habitantes es el eje central de las dudas sobre la efectividad del actual gobierno estatal.

Ante este panorama, diversos sectores han propuesto la necesidad de fortalecer las instituciones de procuración de justicia a nivel local. La propuesta busca que la Fiscalía General del Estado asuma un papel más autónomo y contundente en la persecución de delitos que afectan a la población. Asimismo, se ha planteado la urgencia de establecer protocolos de seguridad que no dependan exclusivamente de la llegada de refuerzos externos, sino de una estructura civil capaz de sostener la paz social a largo plazo.

La discusión pública se mantiene abierta en un momento crítico para la entidad. La legitimidad del gobierno no solo depende de los resultados electorales, sino de la capacidad diaria para demostrar que el Estado es el único ente facultado para aplicar la ley. El caso de Sinaloa se perfila como un referente sobre los retos que enfrenta el federalismo mexicano frente a las crisis de seguridad contemporáneas.