Proponen reformar ley para reducir tiempos de espera en refacciones automotrices

La diputada Rocío Abreu, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó formalmente una iniciativa ante la Cámara de Diputados con el objetivo de modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor. La propuesta busca regular los tiempos de espera para la entrega de refacciones automotrices, un problema que actualmente afecta a miles de ciudadanos quienes reportan esperas de entre ocho y doce meses para recibir las piezas necesarias para sus vehículos, mientras continúan realizando los pagos mensuales por sus créditos o servicios contratados.

El planteamiento legislativo subraya la disparidad existente en los contratos de servicio y garantías, donde el consumidor suele quedar desprotegido ante la falta de inventario o la tardanza en la cadena de suministro. La diputada sostiene que es imperativo establecer un marco legal que obligue a las agencias y talleres a garantizar plazos razonables de reparación, evitando que los dueños de los vehículos sigan absorbiendo costos financieros por unidades que permanecen inoperantes durante periodos prolongados.

Dentro de los puntos clave de la iniciativa se contempla la creación de mecanismos de compensación obligatoria cuando los tiempos de entrega excedan los límites establecidos por la autoridad competente. Asimismo, se pretende fortalecer la vigilancia por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones de mantenimiento y abasto de componentes esenciales.

Esta reforma busca armonizar la normativa nacional con las necesidades actuales del mercado automotriz en México, donde la complejidad técnica de los vehículos modernos ha dificultado el acceso a refacciones. Los legisladores que impulsan esta medida confían en que el debate en comisiones permita establecer un equilibrio justo entre la responsabilidad de los proveedores y el derecho de los usuarios a recibir un servicio eficiente y oportuno.

El proyecto de ley ahora pasará por el proceso legislativo correspondiente en la Cámara de Diputados, donde será discutido para determinar si se realizan ajustes a las sanciones actuales. De aprobarse, el cambio representaría un avance significativo en la defensa de los derechos de los automovilistas mexicanos frente a las prácticas comerciales que actualmente generan incertidumbre y gastos imprevistos para las familias.