Persiste rezago en análisis de ADN pese a activación del banco nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este martes que el Banco Nacional de Datos Genéticos, diseñado para cruzar perfiles de familiares con restos humanos no identificados, enfrenta un rezago acumulado de miles de muestras pendientes de análisis. A pesar de que la herramienta legal fue concebida hace seis años para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, la capacidad operativa actual no ha logrado absorber el volumen de perfiles recolectados por las autoridades forenses y las fiscalías estatales.

Desde el Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo señaló que la integración de la información genética es un proceso complejo que requiere una coordinación técnica sin precedentes entre la Fiscalía General de la República y los servicios periciales de las entidades federativas. La falta de homologación en los protocolos de recolección y la saturación de los laboratorios forenses han sido identificadas como las principales barreras para que la base de datos cumpla con su función de identificación masiva.

El equipo de la administración federal planteó la necesidad de implementar un plan de fortalecimiento tecnológico que permita sistematizar la carga de datos en el corto plazo. Se busca que, mediante una mayor inversión en equipo especializado y la capacitación constante del personal forense, se logre reducir significativamente el tiempo de espera para las familias que aguardan resultados positivos en la búsqueda de sus seres queridos.

Especialistas en derechos humanos y colectivos de búsqueda han señalado que la activación de este banco debe ir acompañada de una política de transparencia en el manejo de la información. La capacidad del Estado para procesar los perfiles acumulados es considerada un paso indispensable para atender la crisis forense que persiste en diversas regiones del país, donde el hallazgo de fosas clandestinas sigue siendo una constante que presiona la capacidad de respuesta institucional.

La estrategia gubernamental contempla, además, una revisión integral de los convenios de colaboración entre las fiscalías estatales y el gobierno federal para garantizar que las muestras recolectadas en los estados lleguen correctamente al sistema centralizado. La administración federal ha manifestado su compromiso de priorizar la consolidación de esta herramienta para garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las familias afectadas.